por Txente Rekondo
Hace ya algún tiempo, las clases dirigentes indias han venido señalando a la insurgencia del Partido Comunista de India (Maoísta), PCI (M), como el mayor problema para «la seguridad del país», y desde comienzos de la pasada primavera el incremento de los ataques de la guerrilla maoísta contra todo un abanico de objetivos parece reafirmar esa preocupación manifiesta del gobierno central indio.
En los últimos meses, las fuerzas del PCI (M) han atacado las infraestructuras de la red ferroviaria (uno de los ejes centrales de las comunicaciones del país), las torres de telecomunicación (poniendo en serios aprietos la cobertura de los teléfonos móviles en algunas zonas) y las de electricidad (incrementando los cortes hacia determinadas empresas). También han aumentado las acciones armadas contra otro tipo de infraestructuras y símbolos estatales, así como contra determinadas compañías mineras que están explotando los recursos y las tierras de diferentes grupos étnicos que hoy en día están dentro de las fronteras del gigante indio.
Todo ello con la sucesión de ataques contra las fuerzas de seguridad indias y contra los grupos paramilitares de apoyo a las mismas, o contra los colaboradores del aparato estatal en las zonas donde opera la guerrilla maoísta.
La «preocupación» gubernamental está avalada además por los datos que se han publicado recientemente. Si en el año 2002 las fuerzas del PCI (M) operaban en algo más del diez por ciento del territorio federal, a día de hoy supera el cuarenta por ciento, con una presencia importante en veinte de los veintiocho estados que conforman India, lo que viene a representar un cuarenta por ciento del territorio, con un tercio de la población india.
Si el año pasado, el conflicto se cobró la vida de más de mil personas, en lo que vamos de año se han superado las quinientas víctimas mortales, y de seguir aumentando la intensidad y frecuencia de las acciones armadas, es muy probable que la cifra supere las de 2009.
La combinación de su estrategia armada junto a la labor política, o los cada vez más exitosos «bandhs» (paros generales), están dando sus frutos a la guerrilla maoísta, que además ha sabido ganarse el apoyo de las tribus locales que luchan contra el expolio de sus tierras por parte de importantes empresas multinacionales.
Lo que en su día se presentó como el «corredor rojo», que se extendía desde el estado de Andhra Pradesh hasta la frontera con Nepal, y donde la implantación maoísta era muy importante, se ha quedado pequeño. Esa «mancha roja» que algunos medios utilizan para escenificar la presencia del PCI (M) en los estados indios se está extendiendo como una mancha de aceite por otras zonas de India, siguiendo la planificación maoísta de «intensificar la guerra popular por todo el país».
Además, las condiciones que sustentan la existencia y el propio avance de la guerrilla pueden hacer que ésta dé el salto a las zonas urbanas, lo que supondría en el futuro un importante «quebradero de cabeza» para el gobierno de Delhi.
Los dirigentes indios llevan tiempo oscilando entre la clásica política del palo y la zanahoria. Mientras que algunos políticos cualificados hablan de entablar contactos con los maoístas, la estrategia gubernamental no duda en aplicar todos los resortes armados que tiene a su disposición. Hace unos años fue la llamada «salwa judum» (campaña de paz) que buscaba aniquilar, una vez más, a las fuerzas guerrilleras, y que como en otras ocasiones fue un sonoro fracaso, pero que a su vez provocó decenas de muertes civiles y desplazados.
Más recientemente el gobierno de Delhi ha puesto en marcha la llamada «Operación Caza verde», que se ha mostrado como un claro apoyo a las demandas de las grandes compañías mineras, preocupadas por la escalada maoísta, y que como las anteriores campañas va a resultar un sonoro fracaso.
Los dirigentes indios han dado otro paso más en su escalada represiva, prohibiendo decenas de organizaciones y movimientos sociales o políticos, acusados de ser parte de la estructura maoísta. Sin embargo, muchas de esas organizaciones no tienen relación con la guerrilla y se trata más bien de grupos de defensa de derechos humanos, de ONGs críticas con la política del gobierno, en definitiva, Delhi busca acallar las voces críticas con su política represiva.
Como señalaba recientemente un analista local, el gobierno ha contribuido a generar más violencia, y «de la guerra contra los maoístas se ha pasado a la guerra contra las tribus locales». Porque en definitiva, el «objetivo de la Campaña Caza Verde es expulsar a las tribus de sus tierras, para contentar las ambiciones de las compañías mineras». Parece que la filosofía de Bush y sus aliados también se ha implantado en India, y el gobierno indio tiene claro que todo aquél que no sigue su estrategia está contra él.
India se nos presenta como una imagen de un gigante en crecimiento. Y a la vez se intenta mostrar la «fotografía oficial», que esconde y maquilla los verdaderos pilares de ese retrato, y que no son otros que la suma de los intereses y esfuerzos de las fuerzas reaccionarias, de las grandes corporaciones y empresas locales y transnacionales y un sistema feudal que todavía impera en India.
Si nos acercamos a «la otra India» y las condiciones que tienen que afrontar la mayoría de su población tal vez se nos haga más fácil entender el auge de la guerrilla maoísta y de los apoyos que está cosechando. La pobreza, la sucesión de políticas negligentes hacia el mundo rural (en claro apoyo a los señores feudales y terratenientes que siguen presentes en India), el desempleo (el aumento de los suicidios entre los agricultores), el hambre son parte de la cruda realidad que soporta la mayor parte de la población.
Y mientras eso ocurre, los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, las castas dominantes, los empresarios y terratenientes, las compañías extranjeras… siguen acumulando los beneficios que esa política de exclusión genera para sus propios bolsillos e intereses.
Por todo ello la raíz de la actual guerrilla maoísta no hay que circunscribirla a las últimas décadas (desde las protestas de finales de los sesenta en Naxalbari), las experiencias de manifestaciones y protestas armadas de los explotados campesinos indios se remonta a varios siglos atrás. Las diferentes experiencias que han venido sacudiendo la historia más oculta de India son una muestra de esos choques entre campesinos y tribus locales contra los sectores que siempre han dominado las riendas de esa región (las luchas de las tribus contra la autoridad británica, la revolución Sannyasi en Bengal en el siglo XVIII, la revuelta agraria en Bihar en el siglo XIX, son tan sólo algunos ejemplos).
Por eso, cuando los dirigentes del status quo indio señalan hacia alguna «mano extranjera» (China, Nepal) como razón del auge maoísta actual, cabría recordarles que un somero repaso de la historia de India (más allá de la oficial) y una mirada detenida a los pilares que sustentan tanta injusticia bajo el manto propagandístico de la «mayor democracia del mundo», serían suficientes para entender las raíces de la actual insurrección maoísta.
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