Documento - India: El gobierno debe actuar urgentemente ante el aumento de las muertes en Cachemira

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

17 de septiembre de 2010

India: El gobierno debe actuar urgentemente ante el aumento de las muertes en Cachemira

Ante el aumento de las muertes en las protestas de Cachemira, Amnistía Internacional pide a las autoridades de India que tomen medidas urgentes para garantizar el respeto por el derecho a la vida y que investiguen los homicidios de manifestantes a manos de la policía.

Ante la muerte de otros dos manifestantes más hoy abatidos por disparos, Amnistía Internacional insta al gobierno de India a que ordene de inmediato a las fuerzas de seguridad que no utilicen armas de fuego contra los manifestantes. Los agentes de las fuerzas del orden deben emplear la menor fuerza que sea necesaria para defenderse a sí mismos o a terceros frente a una amenaza inmediata de muerte o de lesiones graves y no deben hacer un uso letal intencionado de armas de fuego excepto si dicho uso es estrictamente inevitable para proteger la vida.

Son ya 96 las personas que han muerto desde que en junio estallaran las protestas en Jammu y Cachemira tras el homicidio de tres jóvenes en marzo, según los informe a manos de las fuerzas de seguridad. La inmensa mayoría de estos homicidios han sido perpetrados por fuerzas policiales y paramilitares.

La investigación ordenada por las autoridades sobre 11 de las muertes por disparos en julio no ha progresado. Amnistía Internacional renueva su llamamiento al gobierno para que inicie una investigación independiente, imparcial y minuciosa de todos los homicidios. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de hacer uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones deben ser puestos a disposición judicial.

Sólo en la última semana murieron 23 personas y otras 80 resultaron heridas por los disparos de la policía del estado y de los paramilitares de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central. Los manifestantes incumplieron el toque de queda, celebraron manifestaciones y a menudo se enfrentaron con el personal de seguridad.

Durante la última semana, en varios lugares las protestas tomaron un cariz de violencia al arrojar los manifestantes piedras a las fuerzas de seguridad. La tensión aumentó con las noticias sobre las amenazas de quemar ejemplares del Corán en Estados Unidos. Los manifestantes atacaron un hospital y dos colegios cristianos, incendiando uno de ellos.

Al mismo tiempo, activistas de derechos humanos en Srinagar dijeron a Amnistía Internacional que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad habían disparado contra manifestantes que les arrojaban piedras.

Varias ciudades del valle de Cachemira, entre ellas Srinagar, han pasado los últimos cinco días bajo toque de queda de 24 horas.

La aplicación estricta del toque de queda ha restringido la información sobre estos acontecimientos. Los periodistas han informado a Amnistía Internacional de que, a pesar de tener autorizaciones emitidas por las autoridades para trabajar durante el toque de queda, la policía y los paramilitares les han impedido salir de sus domicilios. Al no haber periodistas que puedan informar sobre la situación, varios canales de televisión y periódicos regionales han dejado de funcionar.

Cualquier restricción de los derechos a la libertad de circulación o de expresión en aras de la protección del orden público debe imponerse en tanto que sea necesaria y proporcionada a dicho objetivo, y debe ser coherente con el resto de las obligaciones de derechos humanos del estado. Dado el importante papel que desempeñan los periodistas para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información, Amnistía Internacional pide a las autoridades de India que los periodistas puedan conseguir pases para eludir el toque de queda y no sean hostigados ni padezcan otras trabas mientras llevan a cabo su cometido profesional de informar sobre asuntos de interés público.

La Conferencia de Todos los Partidos por la Libertad, una de las mayores formaciones políticas de Jammu y Cachemira, ha anunciado más protestas públicas para el 21 de septiembre, lo cual pone de relieve la urgencia de que las autoridades indias ordenen a las fuerzas de seguridad que no utilicen medios letales en las manifestaciones.

Las manifestaciones comenzaron a finales de mayo por los informes sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes a manos del ejército en Machil, en el distrito de Baramulla. Las protestas aumentaron tras la muerte en Srinagar, a manos de las fuerzas de seguridad, del joven de 17 años Tufail Mattoo el 11 de junio durante una manifestación, y se han intensificado durante varios ciclos de protestas y nuevos homicidios de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes han planteado diversos motivos de preocupación, relacionados con la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, la retirada de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas en Jammu y Cachemira, de 1958, y la retirada de los campamentos del ejército, todo ello con el telón de fondo de las demandas de independencia para Cachemira.

La Ley de Facultades Especiales, que proporciona inmunidad especial a las fuerzas de seguridad, lleva en vigor desde 1990 en algunas zonas de Jammu y Cachemira. Actualmente el gobierno central debate su retirada de unos pocos distritos.

Una de las principales demandas de las autoridades del estado y las organizaciones que protestan, la retirada de esta ley, no parece figurar en la agenda del grupo compuesto por representantes de todos los partidos que viajará desde Delhi a Srinagar para realizar una visita el 20 de septiembre.



En virtud de la Ley de Facultades Especiales, los soldados están protegidos frente a todo tipo de actuaciones legales salvo que el gobierno central las autorice específicamente. Esto rara vez ocurre en la práctica, lo cual permite que el personal de las fuerzas armadas viole los derechos humanos con impunidad.