AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA14 de septiembre de 2010
Las autoridades indias deben ordenar una investigación inmediata, imparcial e independiente sobre los informes de tortura y malos tratos, incluida la violación y otros actos de violencia sexual, contra adivasis (la población indígena) detenidos ilegalmente en Chhattisgarh. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Según dijeron a Amnistía Internacional los adivasis de los poblados de Pachangi y Aloor, en el distrito de Kanker, miembros de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras y agentes de la comisaría de Chhattisgarh detuvieron a hasta 40 hombres adivasis de sus poblados el 5 y 6 de septiembre y los golpearon con palos. Cinco de los hombres –Narsingh Kumra, Sukram Netam, Premsingh Potayi, Raju Ram y Bidde Potayi– fueron violados, según los informes, con palos, y todavía están recibiendo tratamiento en el hospital gubernamental de Kanker.
Estos abusos se produjeron tras la emboscada organizada el 29 de agosto contra una patrulla de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras y la policía por miembros del Partido Comunista de India (Maoísta), en la que tres agentes de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras y dos policías murieron.
Otras 17 personas de los dos poblados fueron detenidas también: les vendaron los ojos, las separaron por grupos y las llevaron en camiones cerrados al campamento de la Fuerza de Seguridad de Fronteras en Durgkondal. Amnistía Internacional ha sido informada de que al menos dos de las personas detenidas –Dhansu Khemra y Sarita Tulavi– eran muchachas de 16 años, mientras que otras cuatro eran mujeres y niñas de entre 16 y 20 años.
Durante su reclusión, las fuerzas de seguridad golpearon a los detenidos en un intento de obligarlos a confesar que eran maoístas implicados en la emboscada del 29 de agosto. Los agentes aplicaron descargas eléctricas a al menos 10 de las personas detenidas y agredieron sexualmente a dos de las mujeres.
Los habitantes de los poblados declararon que, la mañana del 7 de septiembre, la policía de Kanker dejó en libertad a una detenida, Sunita, que sufría malaria, y a su padre, Punnim Tulavi, maestro de escuela, pero luego detuvo a otros dos hombres.
Las otras cinco mujeres y niñas detenidas comparecieron ante un tribunal local, junto con dos de los hombres, el 8 de septiembre, mientras que los diez detenidos restantes comparecieron el 10 de septiembre. Todos fueron acusados de implicación en la emboscada organizada el 29 de agosto por el grupo armado proscrito maoísta, y actualmente se encuentran en las prisiones de Kanker y Jagdalpur tras haberles sido denegada la fianza.
La ley india establece que las personas detenidas deben comparecer ante un tribunal en un plazo de 24 horas a partir de la detención. En un intento de eludir este requisito, la policía afirmó que los dos grupos de detenidos habían sido arrestados el día antes de su respectiva comparecencia ante el tribunal.
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, están prohibidos en todas las circunstancias, incluidas la guerra u otras situaciones de emergencia. Esta prohibición está plasmada en el derecho internacional, y en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los Convenios de Ginebra. India también es signatario de la Convención de la ONU contra la Tortura, y el Parlamento indio está actualmente en proceso de aprobar, antes de la ratificación de la Convención, una nueva ley contra la tortura que sea conforme con este tratado.
Amnistía Internacional pide a las autoridades indias que:
· garanticen una investigación inmediata, imparcial, independiente y efectiva sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida la agresión sexual, y sobre la detención ilegal de adivasis. Los sospechosos de implicación en los abusos, incluidas las personas sobre las que recaiga la responsabilidad del mando, deben ser suspendidos de inmediato de cualquier cargo en el que puedan repetir estos delitos, y deben ser llevados ante la justicia;
· otorguen a las víctimas de tortura y otros malos tratos una reparación completa. En concreto, deben garantizar de inmediato que todas las víctimas de tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, reciben atención médica adecuada, tanto física como psicológica, de profesionales que cuenten con la formación y la sensibilidad necesarias para tratar con este tipo de víctimas;
· garanticen que, si –como último recurso– se recluye a personas menores de 18 años en prisión, éstas permanecen separadas de los adultos y son tratadas, en todos los aspectos, de acuerdo con la legislación de menores de India y con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en la que India es Estado Parte.
En los últimos cinco años, Chhattisgarh ha sido escenario de una escalada de violencia entre los grupos maoístas prohibidos que afirman combatir en nombre de los adivasis, y las fuerzas paramilitares indias. Al menos 600 personas han muerto, y unos 30.000 adivasis continúan desplazados de sus hogares en el estado.
